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Habitantes de Sifontes piden expulsión del Cicpc

Tras los múltiples abusos de los que han sido víctimas ciudadanos de diferentes sectores del municipio Sifontes en el estado Bolívar, hoy organizados y con la representación de consejos comunales piden la expulsión inmediata de la unidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C) de dicha localidad.

Así lo dio a conocer Nelly Briceño vocera del consejo comunal La Caratica, quién aseguró que los funcionarios adscritos al mencionado cuerpo de seguridad, sólo se han dedicado a sembrar zozobra entre la colectividad con prácticas que conllevan abuso de poder y situaciones delictivas con móviles falsos.

“Rechazamos y repudiamos los hechos de violación de los Derechos Humanos y abuso de Poder del CICPC, por lo que solicitamos que sea intervenida y expulsada definitivamente del municipio pues no vamos a seguir tolerando cambios de comisarios, jefes, ni de nuevos funcionarios e inspectores, que heredan los vicios de cobro de vacuna a los comerciantes, allanamientos a las viviendas privadas, personas desaparecidas y cadáveres con móviles falsos, además de vulgares laboratorios de enfrentamientos”, dijo Briceño.

Informó que en la localidad la población alcanza más de 18 mil familias y no sólo los voceros de los consejos comunales con su respectiva representación, además de organizaciones mineras y comerciantes que hacen vida en Sifontes, prefieren incluso estar sin este cuerpo de seguridad que se ha dedicado a alterar la paz y el orden en el que regularmente se vive.

 

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Por su parte Yuri Aguinagalde miembro y vocera del sector Villa Felicidad destacó que el único cuerpo de seguridad que debería velar por ellos es el Ejercito Bolivariano, por ser un pueblo Fronterizo.

“Aprovechamos para hacer de su conocimiento que en todo el municipio Sifontes en cada distancia de 50 metros aproximadamente existen alcabalas móviles improvisadas, sin sus debidos protocolos con el fin y único propósito de cobrar un monto fijo a todos los vehículos que transitan por el pueblo, ya que se nos cataloga como talibaneros, por el simple hecho que el vehículo posee gasolina en sus respectivos tanques, por lo tanto el combustible en el Municipio Sifontes lo tienen secuestrados por funcionarios antes mencionados”, enfatizó Aguinagalde.

Finalmente solicitan al Presidente de la República Nicolás Maduro, una Oficina de Atención al Pueblo, una de Derechos Fundamentales, que tengan enlace directo con la Presidencia de la República, con Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y demás organismos que puedan alzar la voz por los habitantes de este municipio.

 

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